El Estado Mexicano, requiere que sus distintos órdenes de gobierno, (federal, estatal y municipal), dispongan de las facultades, instrumentos y recursos económicos para responder, de manera adecuada, a las demandas de bienestar que la sociedad exige. Cumplir todas estas condiciones permitiría acceso a mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para todos los mexicanos en cualquier parte del territorio nacional. La población desea seguridad para las personas y su patrimonio, anhela justicia, y sobre todo, espera un conjunto de bienes públicos que le permitan vivir en un contexto más justo donde abunden las oportunidades que le permitan ser integrante productivo de una mejor sociedad. Para logar lo anterior, se necesita transformar la relación y las condiciones políticas y jurídicas establecidas entre los gobiernos de la nación para definir responsabilidades, obtener mejor coordinación, asignar facultades y reorganizar el manejo de recursos económicos de carácter fiscal. A lo largo de la historia moderna del municipio y con el modelo de federalismo centralizado imperante en México, esta instancia de gobierno ha sido sólo responsable de administrar y gestionar los recursos federales, sin alcanzar una verdadera autonomía económica. El federalismo mexicano no otorga a los gobiernos locales poder de decisión, ni instrumentos políticos y jurídicos fiscales que permitan vincular las contribuciones de los gobernados con la autoridad responsable de aplicarlos directamente, generando con ello localidades débiles y regiones que no explotan al máximo su potencial económico y social.
