Aunque la expresión amparo directo contra leyes figura en el contenido de algunas tesis de jurisprudencia, todavía no es reconocida por la ley ni por la mayoría de los doctrinarios; con frecuencia se advierte que la frase amparo contra leyes se refiere al indirecto. La situación imperante, derivada de las reglas que son motivo de examen en esta obra, lleva a la conclusión de que a pesar de que la ley no constituya un acto reclamado ni sus creadores sean llamados a juicio en el amparo directo, esto no impide que ante tal distinción injustificada, efectivamente, se combata la norma general, que en muchos casos es lo único que controvierte el quejoso al notar que el acto que resuelve en definitiva una contienda ordinaria se realiza conforme a las leyes aunque éstas se opongan a la Constitución, circunstancia en que el objeto de este estudio representa el medio idóneo para restablecer la regularidad infringida por el legislador ordinario, sea federal o local. Entendido y precisado que el acto reclamado en el amparo directo sólo lo constituyen las resoluciones —emitidas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo— que ponen fin a un juicio, asalta una duda que es el motivo de la redacción de este libro: ¿qué sucede si en la sentencia definitiva, laudo o resolución que termina el juicio se aplica una norma de carácter general que, desde el punto de vista del gobernado afectado por tales actos, es contraria al orden constitucional, o qué ocurre si tal norma se aplica durante la derivación procesal respectiva? Esta pregunta ha sido contestada conforme a la premisa de que, en caso de que el particular perjudicado por el acto emitido por alguno de los citados tribunales decida promover un amparo en su contra, éste deberá tramitarse adoptando la modalidad directa por la naturaleza de la acción impugnada, ya que, si bien se aplica una norma general, la afectación en la esfera jurídica la provoca directamente la sentencia definitiva, el laudo o la resolución que concluye el juicio.
