El aparato de procuración e impartición de justicia en un Estado democrático de derecho no cumple con su propósito si no centra su atención en las víctimas del delito. Por tal motivo, las legislaciones modernas han creado normas e instituciones para protegerlas y lograr su restitución. Concretar lo anterior requiere leyes garantistas y resoluciones académicas que, asimismo, expliquen la relación entre víctimas del delito y quien lo comete. Sobre tales bases se construyen campañas de prevención y se articulan políticas públicas en cuestión de seguridad.
