Este convenio, que entró en vigor en mayo de 2011, se aplica a los nueve países que lo han ratificado (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal y Uruguay). Es un instrumento internacional orientado a establecer reglas de coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social en el caso de movilidad transnacional de trabajadores, cuyo ámbito material se restringe casi exclusivamente a las prestaciones sociales de larga duración. Se trata de un instrumento muy elaborado, pese a la brevedad de su texto, pero que no deja de plantear innumerables cuestiones interpretativas y de aplicación a las que el presente libro pretende dar una respuesta exhaustiva.
