"El derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas es uno de los temas que más controversia ha suscitado en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de megaproyectos de sustracción de recursos naturales. Lo anterior ha ocasionado afectaciones que en algunos casos son irreversibles respecto al medio ambiente y a la integridad material e inmaterial de las comunidades, que se extienden hacia sus miembros en lo individual, a pesar de que la consulta previa a pueblos es un derecho en sí mismo y, a su vez, una garantía para el resguardo de otra gama de derechos a favor de las comunidades indígenas. Actualmente en México, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 junio de 2011, que eleva a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales, y a pesar de los distintos esfuerzos realizados por varios actores en el plano nacional, existe una inoperancia en la aplicación del contenido e interpretación que de este derecho surge en el seno del corpus iuris en materia de pueblos indígenas, así como del contenido de las decisiones de los tribunales constitucionales de distintos Estados que se han pronunciado de forma garantista sobre la cuestión. Por otra parte, tampoco existe una ley reglamentaria federal que se encuentre unificada, que sea obligatoria para todos los órdenes de gobierno y que regule la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas ante cualquier medida llevada a cabo por el Estado o por particulares que les sea perjudicial. "
