La dinámica de la función gubernamental y en particular la relativa al establecimiento de obligaciones a los particulares o su liberación de ellas. coloca a los gobernados frente a una gran variedad de actos de autoridad de extrema complejidad, ya por la materia que regulan, ya por la forma que se elige para hacerlo. Estas circunstancias cobran significativo realce en materia tributaria, pues, en adición a lo anterior, se agregan las complejidades propias de los negocios actuales, el ámbito espacial donde se desenvuelven, las estructuras corporativas utilizadas y, por último, la diversidad de criterios jurisdiccionales de interpretación establecidos o abandonados por nuestros tribunales federales.Por otro lado, en la tarea de formación de leyes impositivas se observa una tendencia, cada vez menos discreta, de crear normas jurídicas influidas por aspectos puramente económicos o políticos, cuyas hipótesis normativas ceden frecuentemente ante el peso de esas necesidades, olvidándose del deber supremo de respetar los principios rectores que al respecto consigna la Carta Fundamental. En clara correspondencia a esto y con una frecuencia y abundancia nunca antes vista, los contribuyentes recurren cada vez más al juicio de amparo para exigir el respeto a sus garantías constitucionales.En los juicios de amparo que se promueven contra las obligaciones impositivas, es muy común encontrar que los justiciables arguyen violaciones a la garantía de equidad y. por su lado. los jueces y tribunales desarrollan el concepto al dictar sus fallos. Por esto considero necesario aportar algunas consideraciones que contribuyan a entender más apropiadamente este principio.Al analizar los aspectos históricos, lógico-jurídicos y jurisdiccionales relativos a la equidad, trataré de establecer: (I) qué debe entenderse por equidad, (II) cuáles son los elementos a tomar en cuenta para determinar cuándo se está frente un trato igualitario y (III) cómo debe ser el trato desigualitario.
