El 25 de octubre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró jurisprudencias históricas aquellas decisiones emitidas por la cita alta Corte de Justicia en la que se indicaba que México adoptaba, en exclusiva, un control concentrado de constitucionalidad. Por el contrario, con la apertura generada por la reforma al artículo lo. constitucional y por el pronunciamiento dada por la Suprema Corte en cuanto a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, todos los jueces, sea cual fuese su rango y jurisdicción, tienen la obligación, aún oficiosa, de aplicar control difuso en torno a la protección de los derechos humanos y dentro del ámbito de su competencia. Sin embargo, por la complejidad del tema, decidimos desarrollar estos tópicos tomando como figura central al juez de control o de garantía, prevista en el artículo 16 constitucional y que impacta las fases de investigación e intermedia del proceso penal de corte acusatorio.
