La salvaguardia de los derechos humanos será efectiva cuando los Estados tengan un compromiso real con su Constitución, con los tratados internacionales en la materia y con la jurisprudencia emitida por los órganos vigilantes de éstos. Los deberes de cumplimiento de un Estado obligan a sus autoridades a lo anterior, sin embargo, los poderes judiciales tienen un compromiso reforzado en el momento en que sus sentencias requieren analizar la actuación de las potestades e los otros. Al respecto, la jurisprudencia internacional es vinculante para integrar sus actuaciones debido a que expone los parámetros o márgenes que evitan que un derecho o tratado internacional se aplique de manera distorsionada o distinta de su cometido.
