Con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y toda la nueva legislación que integra el Sistema Nacional Anticorrupción se fortalece un verdadero derecho disciplinario, con ámbito de aplicación, naturaleza jurídica propia, procedimientos de investigación, de substanciación y de resolución, emplazamientos, resoluciones, ofrecimiento, recepción, admisión y desahogo de pruebas, medidas de apremio, sanciones, medios de impugnación e intervención de las autoridades jurisdiccionales y, por supuesto, en su caso, se tramitará el juicio de amparo como en todas las ramas del derecho. Es muy loable que se cumpla con el debido proceso, como lo ordenan las leyes de nuestro país, pero en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se aparta y, en algunos aspectos, obstaculiza el objetivo del control interno de la administración pública, por lo que deberán hacerse las adecuaciones correspondientes y establecer normas y reglas claras que, sin dejar de respetar el principio de legalidad y los derechos humanos, se encaminen a alcanzar su objetivo fundamental que es terminar con la corrupción de los servidores públicos y alcanzar una administración pública eficiente, eficaz y honesta, como lo requiere el Estado Mexicano. Amable lector, ¿cree que los particulares y los servidores públicos podamos establecer un sistema como el que se comenta y lograr que nuestro país evolucione para beneficio de su población? En lo personal creo que sí, por lo que en todas nuestras actividades debemos actuar con legalidad, honestidad, productividad y eficiencia, todo ello con espíritu nacionalista, lo que permitirá que el Estado Mexicano salga adelante, por lo que, verbalmente y de hecho, en todo momento debemos expresar: ¡voy por México!
