En México, durante los primeros años de la alternancia política, los Congresos de los estados se dieron a la tarea de institucionalizar diversos mecanismos de participación ciudadana. Paradójicamente, la participación ciudadana fue objeto de legislación, pero en raras ocasiones fue parte del proceso legislativo. Un caso excepcional fue Coahuila, en el año 2001 se llevó a cabo un largo y peculiar proceso de reforma política-electoral. Uno de los productos legislativos que se aprobaron fue una Ley de Participación Ciudadana que no estaba contemplada por los actores políticos y que resultó innovadora por los matices deliberativos que se adicionaron a procedimientos tradicionalmente agregativos.
