Existe una brecha en materia de implementación entre lo que prescriben las normas y lo que se vive en la realidad. Persiste el divorcio entre el derecho, los derechos y las políticas públicas. La COVID-19 ha demostrado la urgencia de transversalizar la perspectiva de derechos humanos en la actividad estatal. Esta obra ofrece elementos para la construcción de políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Contiene análisis de criterios interamericanos y resoluciones jurisdiccionales nacionales que son fundamento para la elaboración de las políticas públicas; múltiples sentencias han marcado el rumbo de la administración pública. Adicionalmente, se aborda el control de convencionalidad, el principio pro persona y las garantías de no repetición como medios para la recepción desprejuiciada del derecho internacional de los derechos humanos en sedes ejecutiva y judicial.
