Desde un enfoque de derechos humanos, la violación sistemática del derecho a la salud materna es impulsada en los tres niveles de gobierno por un patrón de violencia y discriminación de género que atraviesa todo el ciclo presupuestario: desde su aprobación, pasando por el diseño y la gestión de programas, hasta alcanzar la relación entre prestadores de servicios de salud y usuarias. Es decir, siguiendo las palabras de Alicia Yamín en el prólogo para este libro "Ios sistemas de salud reflejan sistemáticamente los patrones de exclusión basados en el género y la etnia/casta/tribu, [donde] el sufrimiento evitable de mujeres es el sufrimiento que se causa al no tratarlas como seres humanos completos, con reclamos a la misma dignidad." En su conjunto, este libro reafirma el consenso cada vez más amplio sobre la importancia de operacionalizar los principios de derechos humanos en las políticas públicas para eliminar la mortalidad materna. A lo largo de los cinco capítulos se prueba que aumenta el presupuesto no es una medida suficiente para reducir la mortalidad materna. Los Estados deben rendir cuentas sobre la cantidad de recursos públicos asignados, pero también sobre la forma en que éstos son aplicados para visibilizar y desnaturalizar los estereotipos misóginos y racistas que siguen justificando la violencia de género en los servicios de salud materna.
