La ?democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos?1, por ello a lo largo de la historia se ha buscado el establecimiento y desarrollo de instituciones que permitan a las personas acceder a la justicia, máxime cuando estamos en el contexto de un Estado constitucional democrático, pues como expresa Mauro Cappelletti las instancias jurisdiccionales son la ?mejor respuesta a la exigencia de reaccionar contra demonios pasados, y posiblemente para impedir su vuelta?2. En ese sentido, es primordial que el establecimiento de un tribunal atienda al contexto y a las necesidades reales de una sociedad, de modo que los justiciables cuenten con tribunales cercanos, que los escuchen, los amparen y los defiendan de las injusticias, bajo los parámetros de respeto a los derechos fundamentales y de salvaguarda de los principios constitucionales. Así, la impartición de justicia debe atender a una tutela judicial efectiva, que se ciña a los principios de expeditez, celeridad, transparencia, pro actione y economía procesal, cuando se está frente a situaciones que no pueden esperar la evolución de un proceso ordinario de plazos extensos.
