Ante la grave crisis de inseguridad que se presenta a nivel nacional, el gobierno Federal y algunas entidades federativas han optado por la salida fácil de manipular los indicadores de incidencia delictiva, disimulando su ineficacia en el combate a la delincuencia y contrarrestar así la desconfianza ciudadana en las instituciones de Seguridad Pública. Como reacción a lo anterior, la sociedad civil e instituciones académicas, cada vez con mayor compromiso, han asumido la tarea de fiscalizar y evaluar el desempeño de dichas instituciones, proponiendo la adopción de nuevas políticas públicas e impulsando reformas legislativas. Los efectos que generan tanto la delincuencia como la corrupción, sobre los derechos humanos de las personas, han puesto en entredicho la gobernabilidad y la vigencia de un real Estado de Derecho. Una perspectiva inigualable para los estudios sobre inseguridad lo constituye el análisis del presupuesto que se destinan a la seguridad, así como las auditorías practicadas al ejercicio del gasto público, ya que no es explicable cómo, siendo la Seguridad Publica uno de los sectores del presupuesto al que se destinan anualmente miles de millones de pesos del erario, se tengan resultados demasiado precarios, al grado de considerar a México uno de los países más violentos e inseguros del mundo.
