/ntLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso desde 1996 la creación y funcionamiento de un sistema integral de justicia electoral en nuestro país, con la finalidad de proporcionar definitividad a las diversas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación para tomar parte en los asuntos políticos del país, así como de afiliación libre e individual a los partidos políticos./n/nt /n/ntEl 10 de junio de 2011 se produjo una trascendental reforma a la propia Constitución, específicamente al Título Primero, cuyo Capítulo I se denomina ahora: "De los Derechos Humanos y sus Garantías"; y se reformaron diversos artículos, entre otros, el artículo 10, párrafo segundo, del texto constitucional, para establecer lo siguiente:/n/nt /n/nt"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,..."/n/nt /n/ntCon vista a esa reforma, cabe preguntarse: u00bfLas reglas que rigen a los juicios y recursos que conforman al sistema integral de justicia electoral son idóneas para cumplir con el derecho humano al debido proceso?/n/nt /n/ntGozaíni considera que el reconocimiento de los derechos humanos en las Constituciones produjo una gran evolución en el derecho al debido proceso; de ser considerado como un proceso legal, precisó este autor, pasó a ser estimado como un proceso constitucional que responde a principios y presupuestos basados en la idea de que sin garantías procesales efectivas, no sería posible el desarrollo y tutela de los derechos fundamentales./n/nt /n/ntEl debido proceso, según Gozaíni "...es el derecho a la justicia lograda en un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaron a una simple cobertura del derecho de defensa en juicio. No estaremos hablando más de reglas, sino de principios."/n
