Los Derechos Humanos corresponden, esencialmente, a una postura filosófica y un compromiso de vida por parte de los servidores públicos de un Estado de Derecho. En México, además, constituyen un mandato constitucional cuyo imperativo normativo no debe soslayarse. El libro permite al lector comprender los Derechos Humanos, constitucionales y constitucionalizados, mediante el estudio especializado de su situación actual. También analiza la restricción jurisprudencial al control de convencionalidad -facultad de los órganos jurisdiccionales en todos los niveles del Poder Judicial de la Federación-, lo que deriva en la lamentable aplicación de tesis y jurisprudencias inconvencionales, esto es, contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a su exégesis, en franca violación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con base en el panorama descrito en la obra, se exponen las normas convencionales a las que deben ceñirse las autoridades del estado mexicano y que los litigantes en la materia tienen que hacer valer para transformar el enfoque de los órganos jurisdiccionales nacionales; y ante su sinrazón, si fuera el caso, ha de acudirse a las instancias del Sistema Interamericano para lograr que la tutela de los Derechos Humanos sea eficaz. Asimismo, se explica cómo analizar las tesis, las jurisprudencias y el proceder de los órganos jurisdiccionales nacionales, para determinar si vulneran o no Derechos Humanos y, en consecuencia, cómo conseguir que los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad sean una realidad; para tal cometido, se transcriben incontables criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana. En el estado mexicano, la tutela de los Derechos Humanos en el ámbito del Derecho Laboral Burocrático es limitada y restrictiva. En ese sentido, la aportación doctrinaria del libro consiste en señalar las acciones a llevar a cabo para que resulten eficaces la Constitución, la Convención Americana y, en especial, el Protocolo de San Salvador -que establece el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias-.
